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Huelga contra la reforma laboral
Escrito por iu local   
Domingo, 20 de Junio de 2010 12:17

Reproducimos aquí el interesante artículo de Anton Saracíbar publicado en la Revista Sistema Digital. 

 

Después de meses de negociación entre los interlocutores sociales y el gobierno, la reforma laboral ha concluido sin acuerdo. En las conversaciones, la CEOE, aprovechándose de la crisis, ha venido defendiendo posiciones maximalistas- con el apoyo del FMI, el Banco de España, y de diversos organismos de ámbito nacional e internacional- y ha mostrado una nula visión de estado y, consecuentemente, escaso interés en buscar el acuerdo al entender que éste, en términos políticos, sería aprovechado por el gobierno y perjudicaría al PP en sus aspiraciones de recuperar el poder.

Esta actitud se ha visto favorecida en los últimos meses por la decisión del gobierno de llevar a la práctica la reforma laboral por decreto. Esta decisión frenó las escasas posibilidades de acuerdo al entender la CEOE que el gobierno mejoraría sus posiciones en medio de la crisis- en relación con lo que pudiera conseguir en la mesa de negociación-, como ha ocurrido en la práctica al suscribir el gobierno los recortes aprobadas en la UE.

El resultado no representa ninguna novedad y era previsible. Los sindicatos ya perdieron la batalla de la reforma laboral cuando se sentaron a negociar, presionados por una fuerte campaña mediática de la derecha económica, sin ser el mercado laboral el causante de la crisis y sin conocer la verdadera pretensión de dicha reforma. De nuevo se repite la experiencia de anteriores reformas: el denominador común determina que han sido regresivas y, finalmente, que han sido convalidadas por el parlamento, ignorando los planteamientos sindicales y posicionándose a favor de los gobiernos de turno, lo que demuestra que la lógica política no tiene nada que ver con la lógica sindical en un marco democrático.

Los sindicatos, aliados de hecho del gobierno hasta hace poco tiempo, rechazan rotundamente que esta reforma- inclinada hacia los intereses empresariales como no se ha conocido en democracia- sirva para crear empleo; más bien las medidas aprobadas facilitarán el despido y éste será mucho más barato. En todo caso, las medidas relativas a la creación de empleo para jóvenes que se anunciaron resultan claramente insuficientes al no contemplarse en el texto políticas activas de empleo, ni medidas encaminadas a reformar en profundidad las oficinas públicas de empleo; por el contrario, se impulsa la intervención de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro en la intermediación del mercado de trabajo, además de regular las empresas de trabajo temporal, por lo que no hay que descartar que el desempleo se convierta en negocio para algunos.

Por otra parte, con el decreto ley- que si se convalida se convertirá en proyecto de ley (concesión a la oposición)-, será más barato despedir al generalizarse en la práctica el contrato de fomento de la contratación indefinida (33 días), que tendrá el efecto contrario al que teóricamente debería perseguir, porque va a fomentar la contratación temporal, pues la estimula de tal modo que se va a convertir, en la práctica, en el periodo de prueba del contrato de fomento del empleo. Además, el FOGASA va a subvencionar con 8 días el despido de todos los contratos indefinidos de carácter ordinario. Del nuevo Fondo de capitalización- entrará en vigor en Enero de 2012-, que se encargará de financiar parcialmente el despido, no se definen por el momento los contenidos ni su financiación, por lo que no sabemos si al final van a ser los trabajadores los que terminen por pagar una parte de sus propias indemnizaciones. El resultado es concluyente: el contrato indefinido ordinario (45 días) será claramente damnificado y carecerá de futuro, pese a lo que manifiesta el gobierno en cuanto a que estas medidas promocionan la contratación indefinida. A todo ello hay que añadir las medidas que facilitarán considerablemente el despido objetivo (20 días); simplemente porque una empresa se encuentre en “una situación económica negativa”, y sobre todo, porque se mantiene el despido exprés, en este caso, con un costo más barato.

En segundo lugar, los sindicatos denuncian que el decreto no va a resolver los problemas relativos a la temporalidad y al encadenamiento de contratos (dualidad). La indemnización de las extinciones de los contratos temporales resulta insuficiente y se dilata su entrada en vigor (año 2015). También se mantiene el contrato de obra o servicio- verdadero coladero hacia la precariedad- con una limitación de 36 meses prorrogables, lo que no va a impedir, en la práctica, la temporalidad mediante sucesivos contratos de obra de duración menor a la indicada, como sucede en la actualidad.

En tercer lugar, la reforma vacía de contenido la negociación colectiva y da un considerable golpe bajo a la negociación entre sindicatos y empresarios- de hecho se trata de una auténtica contrarreforma-, lo que aumenta el poder discrecional de los empresarios al posibilitar que las empresas puedan modificar las condiciones de trabajo y los salarios (descuelgue), lo que pone en entredicho la autonomía de las partes que hasta ahora era un principio irrenunciable.

La reforma no facilitará el diálogo social, creará serios problemas a la negociación colectiva, y ahondará las diferencias entre los sindicatos y el gobierno, abriendo una etapa de potencial conflictividad, tanto en términos políticos como sociales, lo que no nos ayudará a salir de la crisis ni a resolver el problema del desempleo; por otra parte, la soledad del gobierno se verá acrecentada en los próximos meses, particularmente en torno a la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, sin que lo remedie el llamamiento patético al cierre de filas efectuado en el acto conmemorativo del centenario de la entrada de Pablo Iglesias en el parlamento de la Nación.

Los sindicatos tampoco lo tienen fácil: la huelga sectorial del pasado día 8 no ha tenido el resultado deseado. A pesar de ello- situados ante un problema de dignidad y sobre todo de supervivencia-, han optado por convocar una huelga general para el día 29 de septiembre, evitando así verse arrastrados por la deriva del gobierno y en coherencia con la campaña de movilizaciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), prevista para esa fecha, en contra de los recortes de la UE, lo que coincidirá con la discusión de los Presupuestos Generales de 2011, que se presenta particularmente difícil ante la reducción del techo de gasto (7,8%) aprobado recientemente por el gobierno, y con la reforma de las pensiones. En todo caso, esta reforma representa un nuevo ataque a los sindicatos, lo que confirma el avance imparable de las políticas neoliberales dentro de la UE, que están utilizando el “mercado” con el argumento de reducir el déficit, la deuda, y la defensa del Euro.

Atrás quedan las políticas socialdemócratas que los sindicatos vienen defendiendo desde hace muchos años. La defensa del pleno empleo como objetivo prioritario de la política económica. El papel a desempeñar por el sector público en el desarrollo de iniciativas correctoras de las insuficiencias y carencias en infraestructuras básicas, equipamientos, protección del medio ambiente, asistencia social y extensión y ampliación de los servicios públicos, que constituyen oportunidades de enorme relevancia para asociar estrechamente objetivos de creación de empleo, de capitalización social, y de satisfacción de las necesidades públicas. Junto al reto del pleno empleo resulta prioritario eliminar la precariedad de nuestro mercado de trabajo y ampliar la cobertura de la negociación colectiva, para evitar que se modifique la correlación de fuerzas a favor del empresario, facilitando al mismo tiempo el desarrollo de las relaciones individuales de trabajo en las empresas.

La elevada tasa de paro y la proliferación de formas de empleo precario, unidas al modelo de crecimiento impulsado durante los últimos años, han acentuado las desigualdades, deteriorando al mismo tiempo los servicios públicos esenciales. Esta situación sólo puede ser superada por sistemas fiscales y de seguridad social que redistribuyan más y mejor la riqueza en nuestro país, para lo que será necesario potenciar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Igualmente los sindicatos siguen firmemente comprometidos en lograr que los sistemas de protección social para los más débiles sean reforzados, al tiempo que reivindican la mejora y ampliación de los bienes preferentes: educación, sanidad, vivienda, y servicios públicos de carácter social, con la seguridad de que ello conformará una sociedad más justa, eficaz y solidaria.

El movimiento sindical europeo tampoco renuncia al desarrollo del concepto de “democracia económica”, al englobar el conjunto de medidas e instrumentos que permiten a los trabajadores tener una mayor capacidad de influencia en las decisiones económicas y sociales. Esta capacidad de intervención se concreta en la participación en las empresas y en las instituciones en las que se determina en buena medida el salario social o diferido.

Estas políticas han sido determinantes en la construcción del espacio social europeo y en la configuración del estado de bienestar social. Además, en estos momentos, representan la única alternativa para garantizar que la superación de la crisis no se haga a costa de los derechos laborales, el dumping social, y el aumento de las desigualdades.
Lamentablemente lo que está ocurriendo y, si nadie lo remedia, seguirá ocurriendo en el futuro, pone en entredicho a la socialdemocracia y representa el fracaso de la izquierda, de la política, y de la democracia, supeditada en este caso a los mercados financieros.

Con la huelga, por primera vez, los trabajadores tendrán la oportunidad de alzar su voz en contra de que las consecuencias de la crisis la paguen los que no la han provocado. Para los sindicatos, la huelga representa una oportunidad para situar “el trabajo” en el centro de la salida de la crisis; y también para su propia autoestima, consolidando la autonomía sindical y la unidad de acción- no sólo en el ámbito confederal-, además de fortalecer sus estructuras en base a un sindicalismo de base, más pegado a la realidad de las empresas, y al sentir mayoritario de los trabajadores.

17 de junio de 2010

Antón Saracíbar